La democracia en México ha sido un proceso de constantes confrontaciones y ambigüedades en el ejercicio del poder. ¿Cómo se puede hablar de un México democrático? ¿Cómo hablar de un México libre donde las garantías individuales se respetan si vivimos bajo una intervención militar anticonstitucional? ¿Cómo referirse al derecho a la información? ¿Cómo a la libertad de expresión en México?
El 23 de noviembre en Nueva York, se les entregará a Dawit Kebede de Etiopía, Nadira Isayeva de Rusia, Laureano Márquez de Venezuela y Mohammad Davari de Irán, el Premio Internacional a la Libertad de Prensa 2010, realizado por el Comité para la Protección de los Periodistas. Esto como un reconocimiento a su labor y a las distintas adversidades de violencia (amenazas, encarcelamiento, tortura) que han tenido que pasar para lograr tener y sacar información a la luz pública en sus respectivos países.
En México, la situación es muy parecida con la única diferencia de ya somos considerados el país más peligroso para el ejercicio del periodismo, según relatores de la Organización de las Naciones Unidas. Los periodistas en México no gozan de ninguna protección especial que los resguarde en situaciones de contingencia y en el México contemporáneo, el crimen organizado y los carteles son la principal amenaza para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en México. Aunado a esto, el grado de corrupción e intervención del estado con los carteles, merman la actuación de brindar a la población información imparcial y objetiva.
La profesión del periodismo se ha convertido en parte del conflicto. En México, los narcotraficantes saben de qué forma pueden hacer llegar sus mensajes a través de los medios de comunicación para darle a conocer a la ciudadanía su poderío, como ejemplo están los denominados “narco mensajes”, que aseguran de alguna forma esa intermediación entre los carteles y los medios. Para los periodistas, se conjugan esas formas de hacer llegar la información, entre la veracidad de los hechos (realizar una investigación bien fundamentada), la ética profesional que estaría en contra de establecer ese vínculo de comunicación y el caer en el amarillismo. Mientras algunos critican cualquiera de estas formas de hacer llegar la información, en México han muerto desde el año 2000 aproximadamente 65 periodistas y han ocurrido más de 600 agresiones contra comunicadores (de los casos registrados), de los cuales, una parte importante proviene de poderes públicos ligados a las redes de corrupción.
Es evidente que México necesita establecer una legislación que proteja a estos grupos en estado vulnerable para que puedan continuar con la profesión. La democracia va en relación con la libertad de prensa y la libertad de expresión en todas sus formas, si queremos un país democrático, es necesario que todos los ciudadanos tengan acceso a la información por distintos medios.
Mientras se espera el “plan Colombia” prometido por Felipe Calderón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha propuesto una Guía para Implementar Medidas Cautelares en Beneficio de Periodistas y Comunicadores de México, lo que marca la coyuntura actual en el ejercicio de la profesión en el caso de los comunicadores.
Aún así, la postura de Calderón ante la ola de violencia y la protección de los periodistas resta de credibilidad. Mientras “espera” un plan de frente ante la violencia, manda miles de militares a las zonas abatidas por los crímenes del narco, pero se olvida de todas las violaciones a los derechos humanos que se han cometido tan solo en su sexenio (agregándole aquellas de los periodistas).
Si queremos que exista una verdadera democracia, se debe de responder ante los crímenes de aquellos que nos informan, de quienes invierten tiempo para escribir (y reciben poco dinero).
Algo fundamental en las nuevas propuestas de protección a los periodistas, sería el considerar a quiénes llamar como “periodista”. Tras la apertura de la red y de los medios de comunicación, cualquier persona puede subir información y jugar a ser objetivo (claro está que este texto es parte de mi cosmovisión sobre mi realidad en relación con algunos hechos verídicos).
Es evidente que urge una legislación de la cual puedan beneficiarse estos grupos minoritarios de profesionistas, pero no por eso menos importantes en relación al establecimiento de un país libre y más democrático.
¿Cuántas muertes se necesitan para entender que el recurso que más necesita México es la educación de sus ciudadanos?
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Publicado por: Alma García Cacho
